DR. JUAN JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ | Como ante cualquier catástrofe natural, los más vulnerables, son los más afectados. No todos somos iguales. El SARS-COV-2 no nos afecta a todos por igual. No estamos en la misma situación de riesgo desde nuestras posibilidades socioeconómicas –no es lo mismo ir en transporte público que en coche privado, y no es lo mismo vivir en vivienda unifamiliar con jardín, que habitar un piso hacinado con varias familias. Tampoco todos tenemos la misma accesibilidad a los medios para protegernos y cuidarnos.

 En Madrid vivimos un episodio de confinamiento de los barrios señalados por su “modo de vida” que han desplegado un discurso tóxico. Considero que hemos de hablar de las condiciones de vida y tomar conciencia de que la desigualdad y la distancia social es un camino labrado hace décadas que incluso ha recortado el derecho al cuidado de las personas en nuestro país.

En un reciente informe de la Fundación FOESSA[1] se vuelve a retratar, una vez más, el perfil de los excluidos y empobrecidos, caracterizado por sus bajos ingresos o sin ellos; con trabajos informales, de baja cualificación y muy precarizados, o sin trabajo; con problemas de emergencia habitacional que llevan a mayores hacinamientos; sin acceso a la comunidad virtual (brecha digital) –lo que dificulta una igualdad de oportunidades en la educación; con frecuencia de conflictos familiares; con problemas de salud física, mental o discapacidad.

Las consecuencias de la pandemia inciden en acentuar el deterioro de las familias excluidas y empobrecidas[2] con mayor reducción de sus ingresos y el aumento de las personas en situación de pobreza severa[3]; Hay pérdida masiva de trabajos (incluso en la economía sumergida). Se hacen patentes muchas dificultades para compatibilizar empleo y cuidado de hijos y mayores.  Además, el confinamiento empeora un estado psicoemocional y físico que ya está tocado por esas condiciones de vida. Aumenta la ansiedad y los conflictos, a la vez que ganan posiciones la preocupación por un futuro incierto, y el miedo.

La pandemia nos ha llevado a la incertidumbre y a poner de relevancia la necesidad del cuidado de la fragilidad. La compasión y el cuidado son más vitales que nunca. Unos confinados están seguros, otros están en riesgo y hay un grupo de desarraigados donde ni la familia, ni el entorno cercano, llega a acompañarles, siquiera.

Vamos a poner el foco en uno de los grupos más excluidos y empobrecidos de nuestra sociedad, la población inmigrante. A menudo son personas con un empleo informal o en la economía sumergida (temporeros, empleadas de hogar, cuidadoras de personas mayores o discapacitadas, vendedores ambulantes,…). Me pregunto… ¿quiénes son los trabajadores esenciales? El descuido de nuestros hermanos y hermanas en esta cultura del descarte, nos hace darnos cuenta de que no son meros “servicios”. Damos por hechas muchas cosas que son cubiertas gracias a su trabajo y dedicación. Para este grupo, la paralización de la economía supone la ausencia total de ingresos y la máxima desprotección ya que por la naturaleza de su actividad no tienen acceso a muchas de las ayudas que el Estado de Bienestar pueda brindar.

Además, en ocasiones, alguna de ellas está en situación administrativa irregular. El aumento de la irregularidad en la población inmigrante atendida por Cáritas ha aumentado 10 puntos porcentuales, pasando de 23,2% en 2008 al 34,2% en 2019. Este aumento has sido debido en gran parte a la llamada “irregularidad sobrevenida” a muchas personas que han visto interrumpido el camino que les habíamos trazado para su integración a base de permisos de trabajo y residencia que cada vez son más inviables. Así, malviven los inmigrantes en situación de irregularidad, en economías sumergidas con un interés traidor al bien común –pues expropia la cotización y la regulación de los derechos laborales. Viven sin derecho a prestaciones sociales, y con el temor a ser expulsados.

Con la pandemia, se constatan cuatro empeoramientos de las condiciones de vida de los inmigrantes:

· La interrupción de trámites y procedimientos administrativos: renovación de permisos de trabajo y residencia, dificultad en permisos de trabajo –irregularidad sobrevenida-, protección internacional.

· Se constata el aumento las personas migrantes que demandan cobertura de necesidades básicas: alimentación y pago de suministros y alquileres.

· El aumento del hacinamiento y la precariedad en la vivienda. Se agrava la situación en los asentamientos de zonas de temporerismo agrícola: infraviviendas, higiene, salubridad.

· La incidencia de la brecha digital y educativa, en menores que van conociendo el idioma.

Conviene tomar perspectiva y tratar de ver la incidencia de la inmigración en nuestro mundo occidental. Un arraigo sobre el alambre[4] es un reciente estudio de Cáritas en colaboración con la Universidad de Comillas, que responde con rigor científico y con una mirada integral de cohesión social, a la realidad de un futuro en común.

Despejando algunos prejuicios o afirmaciones, el estudio señala con fundamento que la población de origen inmigrante (POI) está arraigada porque permanece mayoritariamente en España (no se marcha con las crisis). Crece en tiempos de expansión económica y se ralentiza su afluencia y se ajusta, en tiempos de crisis y recesión. La POI se arraiga en el territorio, como demuestran sus procesos de asentamiento familiar, su “emparentamiento” con la población española - interrelación y contacto intenso y extenso-, y su elevado y generalizado dominio del idioma castellano. Es una población joven, con una edad media de 36 años -frente a los 44 años de la población española. De esta manera, su incidencia en el sistema de salud y de Seguridad Social ofrece un balance más positivo al contribuir con la cotización, y menos negativo en consumir gasto social, en comparación con la población española. Sus niveles educativos son similares a los de la población española.

Sin embargo, la estructura, las medidas y los procedimientos de nuestra sociedad hacen que se trate de un arraigo donde las condiciones de vida en que los acogemos y sostenemos, son generadoras de distancia social. Hay sobre-representación de los inmigrantes en la parte baja de la estructura ocupacional: cuidado de personas, peones, camareros, ayudantes de cocina, … Su movilidad ascendente en la escala social es reducida y limitada. Su estatuto laboral está muy precarizado, pues han sido expulsados de la Norma Social de Empleo básica y nuclear de nuestras sociedades. Queda demostrada en la población inmigrante la alta incidencia de la informalidad, la elevada incidencia del desempleo (60%), la mayoritaria temporalidad -44%, frente a 22% de población española-, los salarios bajos e irregulares [5], los ingresos bajos y la fuerte incidencia de la pobreza -más del doble que en los españoles.

Está probada -sin reprobación-, su contribución como eje fundamental del desarrollo económico y social del país ya que nos permite ser rentables y competitivos en los nuevos mercados globalizados en un modelo de crecimiento intensivo basado en sectores de baja productividad, desarrollan tareas domésticas y de cuidados esenciales en una sociedad envejecida, y su alta tasa de actividad y juventud sostienen y equilibran nuestro Estado de Bienestar, especialmente el sistema de pensiones. Insistimos en que contribuyen mucho más de lo que consumen. Es importante tomar conciencia del fenómeno estructural de la inmigración que recorre nuestra economía, nuestro bienestar social, nuestra evolución demográfica, nuestra convivencia cotidiana, … y colocar desde ahí las actuaciones políticas, en justicia.

Aunque el patrón que siguen es de integración sociocultural mixta o interculturalidad, aunando ambas tradiciones –la de su país de origen y la española-, son resistentes a la tendencia de segregación que vemos aflorar en estos tiempos.  La extensión de la pandemia se ha “etnificado” –al igual que otros conflictos sociales. Es decir, el aumento de contagios, algunos lo explican desde la presencia de los inmigrantes, de sus “modos de vida”, y no por la actuación de décadas de políticas sociales y económicas de segregación en la ciudad que han consolidado la desigualdad social en el territorio y unas condiciones de vida de mayor riesgo.

La diversidad étnica y social constituye un dato consustancial de nuestra realidad. Las personas inmigrantes están entre nosotros, firmemente arraigados y establecidos, a pesar de las piedras que pusimos y seguimos poniendo en su camino (empadronamiento, permisos de residencia y trabajo, reagrupación familiar,…). Nos llaman a un nuevo nosotros más diverso y múltiple que les incluye, pero están amenazados por el creciente precariado y la persistencia del prejuicio étnico hacia el otro, inmigrante.

Mencionar que la red de Iglesia Migrantes con Derechos [6]: hospitalidad + dignidad, ha ofrecido recientemente, diversas formas para sumarse al movimiento de solidaridad y de acogida integral con las personas inmigrantes.

Por último, no puedo dejar de considerar que nos hallamos ante un problema global, con poder disruptivo, que necesita respuestas y una gobernanza multilateral donde el centro sean la personas –no la economía-, la vida humana –no la ideología política-, y la mejora hacia unas condiciones de vida dignas para el bienestar y bien común de todos.

Dr. Juan José López Jiménez

Agente de Cáritas y ArteTerapeuta Gestalt,

Geógrafo, Gerontólogo e Investigador social

Juanjo es miembro de comunidades cristianas de los Misioneros Claretianos

[1] Fundación FOESSA (2020). Distancia social y derecho al cuidado. Colección Análisis y perspectivas. 50 páginas.

[2] Caritas (2020): El primer impacto en las familias acompañadas por Cáritas. Observatorio de la Realidad Social. Equipo de Estudios de Cáritas Española. Colección La crisis de la COVID-19. 24 páginas.

[3] Actualmente, el Instituto Nacional de Estadística considera pobreza severa cuando los ingresos mensuales están por debajo de 370 € al mes.

[4] IGLESIAS, Juan; RUA, Antonio; ARES, Alberto (2020): Un arraigo sobre el alambre. Cáritas-Fundación FOESSA. Colección de Estudios nº 46. En colaboración con Instituto de Migraciones de la Universidad Pontifica de Comillas. Ver vídeo [1]

[5] El salario medio de la población inmigrante es de 926 € -no supera el SMI-, mientras que en la española está en 1.477 €.

[6]  https://migrantesconderechos.org/ [2]